• Imagínese que los que manejan los carros amarillos con exceso de velocidad reciben la multa, pero los que manejan los carros de otros colores no reciben la multa. No importa si la ley del tráfico destaca a los conductores con los carros amarillos en propósito o no, un sistema que alcanza un resultado así en práctica sería injusto. En un sistema de la pena de muerte en que aproximadamente el 2% de los asesinos conocidos recibe la sentencia de muerte, la justicia nos manda que los pocos que reciben la sentencia de muerte sean comparables con otros que reciben la sentencia de muerte y que sean peores que los que no reciben la pena de muerte. Un sistema es arbitrario si la sentencia de muerte depende más del color de la víctima o del condado en que el crimen fue cometido que de la severidad de la ofensa.

• En 1971, los presos en el pabellón de la muerte en Californa y Ohio sostuvieron que la falta de los criterios para imponer la pena de muerte les negó el debido proceso legal proveído por la Enmienda Decimocuarta. McGautha v. California, 402 U.S. 183 (1971). La Corte Suprema no se puso de acuerdo con ellos, diciendo que sería prácticamente imposible construir de antemano los criterios para dar la sentencia de muerte.

• En McGautha, la Corte describió el valor de la discreción del jurado sobre la sentencia obligatoria, apuntando que la extensa discreción del jurado le permite al jurado que considere cada circunstancia encontrada en cada uno de la variedad infinitiva de los casos. La Corte no halló ninguna violación del debido proceso legal. Sin embargo, el año siguiente en Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972), la Corte decidió que los procesos de la pena de muerte violaron la prohibición del castigo cruel e inusual de la Enmienda Octava.

• En la 5-4 decisión de Furman, la Corte decidió que las sentencias de muerte fueron inconstitucionales como aplicadas. En las opiniones separadas con diferentes razones, la mayoría dijo que la falta de los criterios para imponer la pena de muerte permitió que la pena fuera aplicada selectivamente, permitiendo la aplicación arbitraria. Parte de la preocupación de la arbitrariedad era que la pena de muerte había sido impuesta irregularmente, infrecuentemente, y a menudo selectivamente contra las minorías. Bajo la cláusula del castigo cruel e inusual, una pena es considerada como impuesta inconstitucionalmente si es administrada arbitrariamente o discriminatoriamente. En Furman, la Corte efectivamente declaró nulo el estatuto de la pena de muerte existente en cada estado, conmutó las sentencias de los presos en el pabellón de la muerte alrededor del país, y suspendió la pena de muerte.

• Siguiendo a Furman, los estados empezaron a promulgar nuevos estatutos para disminuir la arbitrariedad en la sentencia capital. Para tratar la inconstitucionalidad de la discreción del jurado sin la guía, unos estados quitaron toda la discreción por obligar a imponer el castigo capital para los condenados de los crimenes capitales. Sin embargo, la práctica fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en Woodson v. North Carolina, 428 U.S. 280 (1976), porque la práctica no permitió la consideración de las diferencias individuales entre los acusados.

• Otros estados buscaron a enfocar en la discreción del jurado a través de proveer las directrices de la sentencia para dirigir al jurado cuando se decida si va a imponer la muerte. Georgia proveyó los procesos bifurcados en que la culpabilidad y la sentencia son determinadas en juicios separados. En la fase de la pena, el jurado tiene que encontrar por lo menos una circunstancia agravante (características que empeoran algunos asesinatos más que otros asesinatos) más allá de la duda razonable antes de considerar otra evidencia y tomar una decisión entre la vida y la muerte. En un esfuerzo de salvaguardar contra una sentencia arbitraria, Georgia también creó el reviso especializado de apelación. En 1976, el estatuto de Georgia sobre la discreción guiada y los estatutos en Florida y Texas fueron aprobados cuando la Corte Suprema decidió Gregg v. Georgia, 428 U.S. 153. Esta decisión histórica sostuvo que los nuevos estatutos de la pena de muerte eran constitucionales, pues restableciendo la pena de muerte en los estados. La Corte también decidió que la pena de muerte sí misma es constitucional bajo la Enmienda Octava.

• La Corte Suprema depués consideró el alcance de su análisis de la arbitrariedad de la Enmienda Octava. Once años después de Gregg, la Corte Suprema examinó si la evidencia estadística que enlaza la raza con el resultado de los casos estableció una violación constitucional en McCleskey v. Kemp, 481 U.S. 279 (1987). McCleskey, un preso Afro-Americano en el pabellón de la muerte, presentó a la Corte con un análisis estadístico sofisticado que demonstró una pauta de disparidades raciales en las sentencias de muerte basada en la raza de la víctima. El estudio, dirigido por Professor David Baldus, examinó la pena de muerte en Georgia y encontró que la evidencia estadística demonstró que los acusados quienes eran acusados de matar a las víctimas blancas fueron 4.3 veces más probables de recibir la pena de muerte que los acusados quienes eran acusados de matar a las víctimas Afro-Americanas. McClesky pidió al Corte que declarare que su sentencia de la muerte fue inconstitucional bajo la cláusula de la protección igual en la Enmienda Decimocuarta. La Corte declaró, sin embargo, que las disparidades raciales no serían reconocidas como una violación constitucional bajo la cláusula de la protección igual a menos que la intencional discriminación racial contra el acusado McClesky podría ser demonstrada. Además, McCleskey sostuvo que cuando la raza es un factor en seleccionar quiénes van a morir, la pena de muerte es inconstitucional bajo la cláusula del castigo cruel e inusual de la Enmienda Octava. La Corte también negó esta alegación, razonando que el estudio ofrecido era insuficiente para probar que la pena de muerte fue aplicada en una manera arbitraria.

• Diretrices inefectivas y restricciones en el proceso de la sentencia capital pueden resultar en las personas que toman las decisiones cayéndose en sus prejuicios sobre quiénes son los peores tipos de criminales o quiénes son las víctimas más simpáticas. Mucho más factores que la gravedad del crimen o la culpabilidad del delincuente se aparecen a afectar las sentencias de muerte, incluyendo geografía, raza, género, y acceso al abogado adecuado.

• La variación regional en las sentencias de muerte sugiere la arbitrariedad en aplicación. Mientras uno espera a ver alguna variación de un estado al otro por las diferencias en la populación, los índices del crimen y las leyes, uno también espera que en un sistema justo, la ley de un estado particular sería aplicada uniformamente en ese estado.

• Un sistema justo no debe tener las sentencias de muerte concentradas sólo en una región. Sin embargo, la posibilidad de recibir la pena de muerte depende significativamente del lugar donde el crimen fue cometido.

• Como un cuarto de los impresos en el pabellón de la muerte en Ohio viene del Condado de Hamilton (Cincinnati), pero sólo el 9% de los asesinatos del estado se ocurre allá. (R. Willing y G. Fields, Geografía de la Pena de Muerte, USA Today, 20 de Diciembre, 1999).

• La Ciudad de Baltimore sólo tiene una persona en el pabellón de la muerte en Maryland, pero el Condado de Baltimore que tenía un décimo de los asesinatos en la Ciudad tuvo nueve veces el número en el pabellón de la muerte. (L. Montgomery, Maryland Cuestionando Extremos Locales sobre la Pena de Muerte, Washington Post, 12 de Mayo, 2002).

• Una investigación por siete periódicos de Indiana en 2001 halló que la pena de muerte depende de los factores como los puntos de vista de los fiscales individuales y los recursos finacieros del condado. Dos condados de Indiana han producido casi tantas setencias de muerte como todos de los otros condados combinados en Indiana. (S. Bend Trib., 21 de Octubre., 2001).
• En Nueva York, aunque los condados en el norte del estado han experimentado el 19% de los homicidios del estado, ellos responden del 61% de todas las acusaciones capitales. Tres condados (en 62 condados en el estado) responden de más que un tercero de todos los casos en que una noticia de la muerte fue presentada (Castigo Capital en el Estado de Nueva York: Estadísticas desde Seis Años de Representación, Reportaje de la Oficina de Defensa Capital, Sept. 2001 (datos hasta el 30 de Junio, 2001)).

• Aunque uno esperaría que la ley federal sea aplicada uniformemente, una investigación al uso de la pena de muerte federal por el Departamento de la Justicia halló disparidades significativas de la geografía en las prosecuciones. El país está dividido en distritos federales, y los abogados locales de los EEUU tienen que someter todos casos potenciales de la pena de muerte al Procurador General para el reviso y pueden dar una recomendación sobre pedir la pena de muerte. La encuesta informó de grandes disparidades en la distribución geográfica de las recomendaciones de la pena de muerte federal.

• Desde 1995 a 2000, el 42% de los casos federales sometidos al Procurador General para el reviso vino de sólo 5 de los 94 distritos federales.

• Incluso los 21 distritos que nunca habían sometido ni un caso para el reviso por el Procurador General desde 1995-2000, 40 de los 94 distritos federales nunca pidieron la pena de muerte para ningún acusado.

• Cuando los criterios de la sentencia fallan a guiar adecuadamente a los que toman la decisión de la sentencia, los que deciden pueden caerse en los prejuicios conscientes o inconscientes sobre quiénes son los peores de los criminales o quiénes son víctimas más simpáticas. Los estudios modernos de la pena de muerte continúan a encontrar la correlación entre la sentencia y la raza. Los estudios demonstran consistentemente que los que matan a las víctims blancas son más probables de recibir la pena de muerte que los que matan a las víctimas Afro-Americanas.

• En el 96% de los estados donde habían hecho revisos de la raza y la pena de muerte, hubo una pauta de la discriminación por la raza de la víctima o por la raza del acusado o ambos. (David Baldus, et al., En La Era Después de Furman: Visión General Empírico y Legal, Con Encuentros Recientes de Philadelphia, 83 Cornell L. Rev. 1638 (1998)).

• Según los encuentros de un estudio de la pena de muerte encargado por el Governador y realizado por los investigadores en la Universidad de Maryland, los acusados en Maryland son mucho más probables de recibir la sentencia de muerte si han matado a una persona blanca. (Prof. Raymond Paternoster et. al., Un Análisis Empírico del Sistema de la Sentencia de Maryland en Cuanto a la Influencia de Raza y Jurisdicción Legal, 7 de Enero, 2003).
• Un reportaje hecho público por la Corte Suprema de Nueva Jersey halló que "hay una inquietante evidencia estadística indicando que los casos involucrando los matadores de las víctimas blancas son más probables de progresar a la fase de pena que los cases involucrando los matadores de las víctimas Afro-Americanas. (Asbury Park Press, 13 de Agosto., 2001).
• Un estudio extenso en Carolna del Norte, basado en los datos colectados desde los documentos de 502 casos de asesinatos desde 1993 a 1997, halló que la raza desempeñó un papel significativo en quién recibe la pena de muerte. En Carolina del Norte, los acusados cuyos víctimas son blancas son 3.5 veces más probables de recibir la sentencia de muerte que los que no mataron a las víctimas blancas. (Prof. Jack Boger y Dr. Isaac Unah, Raza y la Pena de Muerte en Carolina del Norte, un Análisis Empírico: 1993-1997, 16 de Abril, 2001).

• Un estudio estadístico sofisticado en Philadelphia por David Baldus halló que para los crimenes similares cometidos por los acusados similares, los Afro-Americanos recibieron la pena de muerte al índice que es 38% más alto que todos otros. (Richard C. Dieter, La Pena de Muerte en Blanco y Negro – Centro de Información sobre la Pena de Muerte, 1998).

Representación y la Arbitrariedad

Después de 20 años en el tribunal supremo, yo tengo que reconocer que se están planteando las preguntas serias sobre si la pena de muerte está administrada justamente en este país. Tal vez es tiempo de mirar a los criterios mínimos para los abogados designados en los casos de muerte y la compensación adecuada para los abogados designados cuando son usados. - Jueza Sandra Day O’Connor (2001)

• La calidad de la representación legal es relacionada con la aplicación arbitraria de la pena de muerte, porque una represenación inadecuada contribuye a los errores en la sentencia capital.

• La Revista Nacional de la Ley, después de un estudio de la representación sobre la pena de muerte en el Sur, concluyó que los juicios capitales son "más como un capirotazo de una moneda que poner las escalas en equilibrio delicadamente," porque el abogado del acusado "es muchas veces . . . mal entrenado, no preparado [y] extremadamente mal pagado." (M. Coyle, et al., Defensa Fatal: Ensayo y Error en el Cinturón de Muerte, Nat’l. L.J., 11 de Junio, 1990). Los estados varían enormemente en la calidad de la representación que ellos proveen a los acusados indigentes.


• En el estado de Washington, un quinto de las 84 personas quienes se han enfrentado la ejecución en los últimos 20 años fueron representados por los abogados quienes habían, o fueron después, expulsados de la abogacía, suspendidos, o arrestados. (Seattle Post-Intelligencer, 6-8 de Agosto., 2001).
• En Carolina del Norte, por lo menos 16 presos en el pabellón de la muerte, incluso 3 quienes fueron ejecutados, fueron representados por los abogados quienes han sido expulsados de la abogacía or disciplinados por conducta inética o criminal. (Charlotte Observer, 9 de Septiembre, 2000).
• En Texas, como uno de cuatro presos en el pabellón de la muerte ha sido defendido por los abogados quienes han sido reprendidos, puestos bajo probatoria, suspendidos, o prohibidos de practicar la ley por la Abogacía del Estado. (Dallas Morning News, 10 de Septiembre, 2000).
• En Alabama, como 40 de aproximadamente 185 presos en el pabellón de la muerte--algunos dentro de cinco meses de la fecha límite para archivar para las apelaciones del estado--no tienen abogados. (N.Y. Times, 5 de Julio, 2001).

Las personas quienes son bien representadas en el juicio no reciben la pena de muerte. . . . Todavía no he visto ni un caso de muerte entre los casos que vienen a la Corte Suprema por las aplicaciones del aplazamiento de la víspera-de-la-ejecución en que el acusado fue bien representado en el juicio. - Jueza Ruth Bader Ginsburg (2001)

• El Proyeto del Jurado Capital estudió más que 1,200 jurados en 14 estados. Basando en esta investigación, Profesores Bowers y Foglia concluden que los requisitos que fueron mandados constitucionalmente y establecidos para guiar la discreción del jurado y para eliminar la sentencia arbitraria no están funcionando. El estudio identificó los siguientes problemas constitucionales:
  • Premadura Toma de Decisión: Las entrevistas con los miembros del jurado hallaron que aproximadamente el 50% de los entrevistados decidió cuál sería la pena antes de la fase de la sentencia del juicio. Esto es antes de que ellos escucharon la evidencia para la fase de la pena o antes de que recibieron las instrucciones sobre cómo tomar la decisión del castigo.
  • Prejuicios en la Selección del Jurado: Los investigadores hallaron que los métodos de la selección del jurado resultaron en los miembros del jurado quienes son despropocionadamente propensos a la culpabilidad y la muerte.
  • Fallo en Entender Las Instrucciones del Jurado: El estudio halló que el 45% de los jurados falló en entender que fueron permitidos a considerar cualquier evidencia que mitiga la sentencia durante la fase de la sentencia del juicio. Además, dos tercios de los jurados fallaron en darse cuenta de que la unanimidad no era requerida para encontrar la mitigación.
  • Creencias Erróneas que la Muerte es Requerida: El 44% de los jurados dijo que ellos creyeron que la pena de muerte era requerida si la conducta del acusado fue atroz, vil, o depravado, y casi el 37% de los jurados dijo que la pena de muerte era requerida si el acusado sería peligroso en el futuro. La Corte Suprema ha sostenido que ningún estado puede requerir la pena de muerte solamente porque las circunstancias agravantes específicas han sido establecidas.
  • Influencia de la Raza: Los investigadores revelaron que los chances de la pena de muerte en casos con un acusado Afro-Americano y víctima blanca aumentan cuando hay cinco o más hombres blancos en el jurado, y los chances disminuyen cuando hay por lo menos un hombre Afro-Americano en el jurado. Estos jurados tienen muy diferentes perspectivas sobre la duda persistente, remordimiento del acusado, y el peligro futuro del acusado.
  • Subestimando Alternativa a la Pena de Muerte: Los primeros encuentros del estudio hallaron que casi todos los jurados subestimaron extremadamente la cantidad del tiempo que un acusado cumpliría en la cárcel si no es condenado a la muerte. Mientras más pronto los jurados creyeron (incorrectamente) que un acusado regresaría a la sociedad si no es dado la pena de muerte, más probables que iban a votar para la muerte. (William J. Bowers y Wanda D. Foglia, Todavía Sufriendo Angustiosamente: Fallo de la Ley en Purgar la Arbitrariedad de la Sentencia Capital, 39 Crim. L. Bull. 51 (2003)).

• La pena de muerte no es necesariamente aplicada a los peores de los peores delincuentes.

• Charles Cullen, un ex-enfermero, se escapó de la pena de muerte por llegar a un acuerdo con los fiscales en que Charles se declaró culpable de matar a 13 pacientes del hospital. (D. Kocieniewski, N.Y. Times, 30 de Abril, 2004).

• En una negociación entre el acusado y los fiscales del estado Washington, Gary Ridgway, un hombre de la vecindad de Seattle que confesó a los 48 asesinatos desde 1982, va a servir una sentencia de la vida sin libertad en la cárcel. (Associated Press, 5 de Nov., 2003).

Grupos Étnicos de los Ejecutados desde 1976

Grupo Étnico	# de Ejecutados	% del Total de los Ejecutados
Afro-Americano	441	34%
Hispano	96	8%
Blanco	716	57%
Otros	24	2%

• Un estudio reciente de la pena de muerte en Carolina del Norte descubrió que los que mataron a los blancos fueron 3 veces más probables de ser condenados a la muerte que los que mataron a los Afro-Americanos y 4 veces más probables que los que mataron a los Latinos ( Pierce & Radelet, Revista de la Ley de Santa Clara 2005).

La Populación de las Personas en el Pabellón de la Pena de Muerte por Grupos Étnicos*

Fuente: NAACP Fondo de Defensa Legal, El Pabellón de la Muerte, USA (1 de enero, 2011)

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• Desde 1973, más que 120 personas condenadas a la muerte han sido puestas en libertad al ser probadas su inocencia (Informe Administrativo, Subcomité Judicial Sobre Derechos Civiles y Constitucionales, Octubre 1993, con actualizaciones de DPIC).


• Los investigadores Radelet y Bedau encontraron 23 casos desde 1900 en los cuales personas inocentes fueron ejecutadas.

• La exoneración más reciente es la de Gussie Vann, No. 139 de Tennessee, en el 1 de diciembre 2011.

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• De acuerdo con un reciente estudio realizado por los presidentes pasados y actuales de las sociedades académicas de criminología más prestigiosas del país, el 84% de los expertos rechazó la noción de que la pena de muerte sirve como un elemento disuasivo al asesinato (Radelet y Akers, 1996).

• Una investigación presentada en Estudios de Homicidios, Vol. 1, No. 2, Mayo 1997, indica que las ejecuciones actualmente pueden aumentar el número de asesinatos en vez de disuadirlos. Prof. Ernie Thompson en la Universidad del Estado de Arizona encontró un efecto brutal de la ejecución en Arizona, concordando con los resultados de un estudio similar en Oklahoma.
  

• Mientras que el uso de la pena de muerte continuó disminuyendo en los Estados Unidos, el número de asesinatos y el índice nacional de asesinatos se bajaron en 2004 según el Reportaje del Crimen Uniforme de FBI, 2004.
  

El Reportaje del Crimen Uniforme de FBI, 2010 informa que el Sur de los Estados Unidos tiene vez tras vez la proporción más alta de asesinatos. En 2000, el Sur fue la única región por encima de la proporción nacional. El Sur del país es responsable del 80% de las ejecuciones en los Estados Unidos. El Noreste tiene el índice más bajo de ejecuciones en el país con menos del 1%.

 

Cuando se hace comparaciones entre los estados donde se practica la pena de muerte y los estados donde no se practica la pena de muerte, la mayoría de los estados donde se practica la pena de muerte muestran proporciones más altas de asesinatos que los estados donde no se practica la pena de muerte. La proporción del promedio de asesinatos por una población de 100,000 en 1999 entre los estados donde se practica la pena de muerte fue 5.5. La proporción del promedio de asesinatos en los estados donde no se practica la pena de muerte fue solamente 3.6%. Comparando a los estados vecinos donde se practica la pena de muerte con los estados donde no se practica la pena de muerte, se encuentran tendencias similares. Los estados donde se practica la pena de muerte usualmente tienen una proporción de asesinatos más elevada que los estados vecinos donde no se practica la pena de muerte.

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Representación

• Quizás, el factor más importante para determinar si un acusado recibirá la pena de muerte es la calidad de la representación proveída. Casi todos los acusados en los casos capitales no pueden pagar por sus propios abogados. En muchos casos, los abogados designados trabajan demasiado, son mal pagados, o no tienen experiencia en el juicio para los casos de le pena de muerte. Han sido incidentes en que los abogados designados se durmieron durante unas partes del juicio, o llegaron al tribunal bajo la influencia de alcohol. El derecho a un abogado es un sello vital del sistema judicial de America. Es esencial que el abogado tenga experiencia en los casos capitales, que sea compensado adecuadamente, y que tenga acceso a los recursos necesarios para cumplir sus obligaciones al cliente y el tribunal.
  

Casos Claves de la Corte Suprema sobre la Representación

 
• Powell v. Alabama, 287 U.S. 45 (1932): Este caso es sobre el derecho a un abogado en los casos capitales.

• Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963): Este caso es sobre el derecho a un abogado en los casos criminales.

• Strickland v. Washington, 466 U.S. 668 (1984): Este caso es sobre el criterio con dos partes para demonstrar que el abogado es ineficaz: (1) la representación deficiente y (2) el efecto en el resultado del caso.
  

• Murray v Giarratano, 492 U.S. 1 (1989): Este caso declaró que no hay derecho a un abogado en apelación después de la convicción (después de la apelación directa).
  

• (Terry) Williams v. Taylor, No. 99-6615 (2000): Este caso halló la representación ineficaz bajo la prueba de Strickland a pesar de las restricciones de 1996 en el habeas corpus federal.
  

• Wiggins v. Smith, No. 02-311 (2002): Este caso concluyó que las investigaciones de mitigación son requiridas en un caso capital para una representación eficaz.

• La pena de muerte le cuesta a California $114 millones por año más que el costo ordinario de detener a los condenados en la cárcel por la vida. La gente ha pagado más que $250 milliones de impuestos para cada uno de las ejecucions del estado (L.A. Times, 6 de Marzo, 2005).
  

• En Kansas, los costos de los casos capitales son 70% más caros que los casos comparables que no son capitales, incluso los costos de la encarcelación.

• En Indiana, el total de los costos de la pena de muerte sobrepasa los costos completos de sentencias de la vida sin libertad condicional por 38%, suponiendo que 20% de las sentencias de muerte son volcadas y reducidas a vida (Comisión de los Estudios de la Ley Criminal de Indiana, 10 de Enero, 2002).
  

• El estudio más completo en el país encontró que la pena de muerte le cuesta al estado de Carolina del Norte $2.16 millones por ejecución por encima del costo de un caso de asesinato sin la pena de muerte con una sentencia de cadena perpetua (Duke University, Mayo 1993). En una base nacional, estas cifras se traducen en un extra costo de más de $1 billón gastados desde 1976 en la pena de muerte.
  

• Para hacer cumplir la pena de muerte le cuesta a Florida $51 millones por año por encima de lo que le costaría castigar todos los asesinos de primer grado con vida sin libertad condicional. Basada en las 44 ejecuciones que Florida ha llevado a cabo desde 1976, esta cantidad asciende a un costo de $24 millones por cada ejecución. (Palm Beach Post, 4 de Junio, 2000).
  

• En Texas, un caso de la pena de muerte cuesta un promedio de $2.3 millones, casi tres veces el costo de encarcelar a alguien en una celda sencilla de máxima seguridad por 40 años (Dallas Morning News, 8 de Marzo, 1992).